Redacción CaternewsLa Política Agrícola Común (PAC), que representa casi un tercio del presupuesto de la Unión Europea (UE), se considera una palanca importante para permitir que el sistema alimentario europeo haga frente a los desafíos ambientales, sociales, económicos y geopolíticos a los que se enfrenta.
También se considera una política irreformable, aunque perpetuamente modificada y, durante los últimos veinte años, ha sido objeto de muchas críticas por su falta de ambición ambiental. A pesar de varios ajustes, la última reforma de la PAC, que entró en vigor el 1 de enero de 2023 (hasta el 31 de diciembre de 2027), no escapa a estas críticas. Por lo tanto, muchos actores están considerando su próxima reforma, según informan solventes medios de comunicación próximos a Bruselas.
Históricamente, la PAC se ha negociado entre un pequeño número de actores: los ministerios de agricultura, reunidos en el seno del Consejo de la UE (Consejo AGRIFISH), el Servicio de Agricultura de la Comisión (DG AGRI) y, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento (COMAGRI).
Sin embargo, la última reforma de la PAC ha reorganizado parcialmente ese escenario. En primer lugar, en el Parlamento Europeo, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (COMENVI) ha obtenido competencias compartidas sobre artículos que tratan sobre cuestiones climáticas y medioambientales, lo que ha interrumpido las negociaciones a nivel de Comisión y ha dado más poder a los grupos políticos. Si bien COMAGRI sigue siendo competente en todas las cuestiones de la PAC, ahora debe colaborar con estos diversos actores.
Además, dentro de la Comisión Europea (CE), el monopolio de la DG Agricultura y Desarrollo Rural se vio frustrado por la publicación, en diciembre de 2019, del Pacto Verde y, unos meses más tarde, su versión agrícola, la estrategia "De la granja a la mesa". El vicepresidente de la CE, Frans Timmermans, responsable de este expediente, participó en las negociaciones de la PAC, junto con el Comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski.
A pesar de la apertura a nuevos actores institucionales, la última reforma de la PAC se considera poco ambiciosa desde el punto de vista medioambiental. El predominio del Consejo, y dentro de él las preferencias nacionales, generalmente alineadas con las de los sindicatos de agricultores mayoritarios, así como el peso significativo de la DG AGRI y COMAGRI mantienen el status quo.
La dinámica de apertura descrita parece continuar, pero está dando lugar a resistencias, como lo demuestra la reciente carta de quince ministros de Agricultura dirigida al Presidente del Consejo de AGRIFISH. ¿Puede dar suficiente peso a los actores que aportan las cuestiones sociales y medioambientales a las negociaciones? ¿O deberíamos intentar intervenir más fundamentalmente en las normas de negociación de la PAC y sus objetivos, que en última instancia se refieren a modificar los tratados que rigen el funcionamiento de la UE?
Un cuarto actor, a menudo olvidado cuando se habla de la PAC, sobre todo porque oficialmente no tiene poder legislativo, es el Consejo Europeo, que reúne a los Jefes de Estado y de Gobierno. Sin embargo, es de considerable importancia, ya que define el presupuesto de la PAC y su distribución entre los Estados miembros cuando se adopta el marco financiero plurianual (MFP). Estas negociaciones son también una oportunidad para que los Jefes de Estado acuerden una serie de principios de funcionamiento de la PAC sobre los que las propias negociaciones sobre ella, ya no pueden volver. Las conclusiones del Consejo Europeo sobre el MFP se adoptan por unanimidad, otorgando a cada Estado miembro un derecho de veto.
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