Ante el uso indiscriminado de mensajes vagos, engañosos o sin fundamento, usados en el food retail y en el food service para acreditar la lucha contra el cambio climático, numerosas ONG y la propia UE se preparan para combatir tal desenfreno.
Ese es el término usado, ”rampant”, por la Changing Markets Foundation para denunciar hasta 54 casos de flagrante publicidad engañosa en materia de declaraciones medio ambientales en conocidas empresas marquistas; sobre todo en materia de neutralidad climática, etiquetas ecológicas o plástico reciclado y reciclable.
También la Organización Europea de Consumidores (BEUC) junto con la Comisión Europea, ha encontrado que más del 40% de las afirmaciones ecológicas en el mercado europeo son exageradas, falsas o engañosas. Y para acabar con dicha práctica, se pretende utilizar la metodología llamada Product Environmental Footprint (PEF), que utiliza el análisis del ciclo de vida para medir el rendimiento ambiental de un producto a lo largo de la cadena de valor, desde la extracción de materias primas hasta el final de la vida útil, a través de 16 categorías de impacto ambiental.
La esperanza es que la nueva ley de la UE contra el greenwashing funcione para frenar la aludida explosión de reclamaciones que se observan actualmente en el mercado, a cargo de numerosas ONG debido a estas malas prácticas, y donde por ejemplo la campaña de comunicación de Whooper de Burger King, en 2020, que señalaba que las emisiones de metano se reducían en un 30% por comer las vacas pasto a base lemongrass fue puesta en tela de juicio, al igual que el queso Saputo, por aparecer en su comunicación vacas pastando en verdes praderas, cuando se constata que son alimentadas, en parte, por soja procedentes de desforestados bosques del Amazonía. Otra marca que no se ha librado es Budweisser, por informar que su Bud Light Next cumplía con los principios de neutralidad climática; pero no por su esfuerzo en reducir emisiones, sino por practicar la compensación, invirtiendo 50.000 dólares en créditos de carbono.
Así pues, se espera la nueva normativa de la UE con criterios comunes para declaraciones ambientales en forma de medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias, con el fin de evitar casos más complejos como el que, en EEUU, ha tenido a Pepsico contra las cuerdas, con motivo de la denuncia expuesta por Planet Tracker (miembro de Climate Action 100+) al encontrar que dicho conglomerado agroalimentario no había revelado el impacto financiero material, asociado con los posibles mecanismos de fijación de precios del carbono vinculados a sus emisiones (indirectas) de Alcance 3, a pesar de que estas emisiones representan más del 90% de la huella total de la compañía.
Aunque este sería más un caso de greenhusher que de greewhasing, ha faltado tiempo a la entidad denunciante para destacar que, "los inversores y prestamistas deben exigir un plan creíble de transición climática donde el riesgo de su principal fuente de emisiones se cuantifique públicamente y las cantidades de mitigación esperadas y la inversión requerida para la mitigación se divulguen por completo".
