Parece que en Francia, gobernantes y gobernados, se toman en serio las medidas legales contra el cambio climático; en este caso en un segmento de la restauración que genera parte de las 200.000 Tm de residuos, procedentes de 20.400 millones de envases de un solo uso y, de los que los 40.000 locales de restauración de servicio rápido (QSR), están en el punto de mira de quien sí se encarga de que se cumpla la normativa (recuerden el 3 de julio del 2021 en España).
Y ello porque, tal como impone el articulado de la ley AGEC, desde el 1 de enero, los locales con más de 20 plazas están obligados a no servir, ni comida ni bebida, en productos de un solo uso y abrazar soluciones donde los envases reutilizables adquieren protagonismo singular.
Hasta esa fecha, las QSR más importantes que reúne su patronal SNARR, se habían echado un pulso con la Secretaria de Estado de Transición Ecológica de Macron, la famosa por su celo funcionarial, Brune Poirson (hoy jefa de sostenibilidad del grupo Accor) sobre si aplazar, anular o boicotear la aplicación de la ley AGEC. Finalmente triunfó el consenso y unos y otros aflojaron la cuerda, teniendo como ambición, dar ejemplo ante la sociedad de que lo medioambiental sí importa.
Por eso, ya en este año y, con nuevo ministro (C. Bechu) y nueva Secretario de Estado (B. Couillard) unos y otros hicieron votos de buena relación y entendimiento, prometiendo los gobernantes hacer buen uso de los audits previstos y de las observaciones a la “démarche” de las empresas, en pos del uso de reutilizables.
Hace un mes, se han publicado los resultados del primer audit que se hizo a 40 empresas del sector QSR, sobre sus planes de acción para sustitución de envases y el resultado es esperanzador, ya que, contestaron 38, (Domino´s Pizza y Nabab Kebab, no) y del chequeo en profundidad de 15 de los dossiers, tan solo tres empresas fueron multadas (se les impone 1.500 euros por día y local si no arreglan la situación), ocho “amonestadas” y cuatro destacadas por su bien hacer: Brioche Dorée, Exki, Prêt a Manger y la restauración de Parc Asterix.
Por otra parte, el diálogo ha proseguido, reconociendo los gobernantes los problemas de las empresas por falta de materiales (calidades y precios ad hoc) o el costo adicional a los envases, al encontrar la racional solución para su lavado (costo y falta de espacio para instalar trenes de limpieza en el back office versus externalización del servicio) mientras que la SNARR sigue manteniendo que las medidas de implantación pueden disparar los costos de explotación, según dimensión de locales, hasta 100.000 euros por establecimiento, además de que las facturas de agua y energía subirán, también, de forma importante.
Ahora llega otra exigencia de la normativa: la publicación online de la “démarche” de cada empresa para que, no solo los gobernantes sepan cómo lo llevan, sino también los ciudadanos, de forma que aquellos más sensibles a lo medioambiental, sepan quien y quien no, está cumpliendo con la ley. La pena es que, como suele suceder, hay parte de aquellos que disfrutan llevándose a casa los envases reutilizables, dada su funcionalidad y original diseño, por lo que en el cálculo de la pérdida desconocida habrá que imputar otro costo más.
Un nuevo audit ya ha sido anunciado por el Ministerio de Transición Ecológica y Cohesión entre las empresas de QSR, con el fin de que las empresas más perezosas se incorporen a un movimiento colaborativo, que podría ser tomado como ejemplo, en otros países de la UE.
