La nueva ley española contra el desperdicio alimentario decepciona a los colectivos implicados

Un informe de FeedbackEU estima que 153 millones de toneladas de comida al año acaban en la basura. La FAO calcula que, en el mundo, la cifra se eleva a los 1.300 millones de toneladas. Esta cifra implica, entre otros impactos, el desperdicio de 250 km³ de agua, es decir, la que se necesitaría para llenar 74 millones de piscinas olímpicas. Por esto el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, la primera regulación sobre esta materia que se promulga en España, con el objetivo de reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir y favorecer un mejor aprovechamiento de éstos.

Varias entidades agrupadas dentro del Colectivo #LeySinDesperdicio, del que forma parte la Fundación Rezero, han estado trabajando en esta Ley para hacer aportaciones basadas en su experiencia. Ahora se muestran decepcionados por el redactado aprobado por el gobierno.

Comentan que, si la ley española contra el desperdicio alimentario se aprueba con el articulado actual, se quedará muy corta en relación con la ley que se aprobó en Cataluña hace dos años y medio. Si en Cataluña se consiguió formular una normativa basada en la prevención y que pone énfasis en la cuantificación, la ley española incide mucho en la gestión de excedentes, pero no pone las herramientas para avanzar realmente en prevención.

“No pone el foco de atención en la prevención del desperdicio alimentario”

CaterNews conversó con Laia Carulla, directora adjunta de proyectos de Rezero, para saber en qué falla este proyecto de ley y cuáles serían las bases que ellos proponen. “Las entidades implicadas tenemos un mismo objetivo, luchar para para una ley más ambiciosa, una ley más más valiente y que fomente poder alcanzar los objetivos que vienen indicados desde Europa. Creemos de forma conjunta que es una pérdida de oportunidad”. Explica que es una ley muy esperada, pero se ha visto que, desde el primer borrador de ley hasta el documento que está ahora mismo en trámite, ha habido un retroceso, “fijaba los objetivos más claros, más contundentes y ahora suponemos que, por presiones de distintos sectores, han rebajado las expectativas”.

Laia Carulla avanza que es una ley que se basa en los excedentes, “pero no pone el foco de atención en la prevención del desperdicio alimentario, del derroche alimentario, y este es el principal punto que nosotros creemos que es primordial”. Y por otro lado, la experta pone especial énfasis en la necesidad de medir, de cuantificar cuáles son estas pérdidas. “Ahora mismo no disponemos de datos fiables de toda la cadena alimentaria, de cuántos alimentos se están desperdiciando actualmente en España. Y este es el primer paso para poder abordar el problema y definir las acciones a implementar”.

En este momento, el colectivo trabaja con los diferentes partidos para explicarles el porqué de sus reivindicaciones.

“Prevenir el derroche alimentario”

Al contrario que el proyecto de ley fijado por el gobierno central, los miembros de #LeySinDesperdicio creen que la Ley de Prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentarios de Cataluña sí cumple con todas las expectativas, “fue aprobada por unanimidad, con el respaldo de todos los partidos y de todas las partes de la cadena, y la diferencia principal con la del gobierno central es que centra el foco de atención en la prevención, en cuáles deben ser las medidas a tomar para prevenir el despilfarro, el derroche alimentario, y la cuantificación”.

Carulla destaca que en la ley catalana se detallan más cuáles van a ser las medidas desde la administración que van a impulsar para facilitar esta cuantificación o esta medición, y en la ley española no se define si se pondrán recursos y cómo será el seguimiento para la aplicación real de la ley. “Es más ambigua, no concreta tanto. Por ejemplo también en el tema de las sanciones, pues en la ley estatal se han rebajado considerablemente respecto al primer borrador. Ahora son mucho menores, por lo cual también las obligaciones se toman más a la ligera. Muchas obligaciones que estaban en el primer documento, ahora están como como buenas prácticas posibles, pero no son de obligado cumplimiento, y en cambio en la ley catalana, sí”, responde la experta.

Ahora, este colectivo está recogiendo apoyo, tanto de la ciudadanía en general como de otras entidades y colectivos que les respaldan, “para que los políticos nos tomen más en serio, para que vean que no somos cuatro que estamos aquí luchando, sino un grupo de entidades que tiene intención de poner en valor esta ley para que no sea una pérdida de oportunidad”. Carulla además destaca que no se puede hacer hincapié solo en la fase final, en el consumidor; “sino que todos los eslabones de la cadena pueden implementar acciones y medidas contra el despilfarro alimentario”.